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Una corte federal en Los Ángeles asestó este jueves otro golpe a la colaboración entre agencias locales de la ley y la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), un tema central en la discusión en torno a la “ciudades santuario”.
El resultado de una de las órdenes será la potencial anulación de decenas de miles de órdenes de detención de ICE emitidas en los últimos años desde siete condados del sur y centro de California y afecta a por lo menos el 40% de las órdenes de ICE en todo el país.
Este es un tema clave en la disputa entre el gobierno de Donald Trump y los estados o jurisdicciones locales que han limitado la colaboración con estos “holds”.
“Este resultado es muy sigificativo porque reafirma que el gobierno federal está pidiendo que las agencias policiales violen la constitución y además, están buscando coaccionarlas para que lo hagan”, dijo Jennie Pasquarella, directora de derechos de los inmigrantes para la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU).
El fallo refuerza aún más la postura de las agencias y policías que han limitado la colaboración con ICE alegando que no tienen la autoridad legal de detener o retener a inmigrantes solo por la existencia de un “ICE hold”.
Condado de LA deberá pagar a miles
El otro aspecto de la decisión permitirá que unas 10,000 personas detenidas en el pasado por el Sheriff del condado de Los Ángeles en base a una orden de ICE reciban compensación monetaria.
El fallo en el caso González v ICE afectará la práctica de ICE de emitir órdenes de detención destinadas a inmigrantes en manos de otras autoridades, como policías y cárceles locales, y que tras la toma de huellas digitales se determina que nacieron en otro país.
ICE ha tenido por años la práctica de pedir la detención de la persona antes de averiguar si la misma ha violado leyes migratorias y este caso involucró la detención de dos ciudadanos de los Estados Unidos, Gerardo González y Simón Chinivizian por parte del Sheriff del condado de Los Angeles.
La decisición, sin embargo, afectará a ciudadanos o no ciudadanos, dijeron abogados.
“El programa de órdenes de detención de ICE perjudica a las comunidades y existe sobre una base ilegal”, dijo Mark Fleming, director asociado de litigios del National Immigrant Justice Center, otro de los demandantes.
Fleming agregó que la decisión en este caso se suma como precedente a otras decisiones federales que también han declarado que los “ICE holds” son ilegales, porque causan la detención de personas sin un proceso justo, una orden formal o decisión judicial.
En California, una nueva ley estatal, SB54, prohíbe a las agencias de la ley honrar este tipo de órdenes de ICE a menos que estén acompañadas por una orden judicial pero no es así en otras partes del país.
Por otro lado, la doble decisión afectará a inmigrantes en todo el país que hayan sido objeto de una orden de detención de ICE (ICE hold) emitida en base únicamente a su lugar de nacimiento, causando encarcelamiento violatorio a la ley y la constitución, según el tribunal.
La clase cubierta por la demanda Gonzalez v ICE incluye “ICE Holds” emitidos por ICE en Riverside, San Bernardino, Orange, Los Angeles, San Luis Obispo, Santa Barbara y Ventura.
Pasquarella aclaró que por ser una demanda colectiva, también se incluye a todos los inmigrantes, en cualquier parte del país, que hayan sido objeto de detención en base a un “ICE hold” emitido por ICE desde su centro de Laguna Niguel. Se estima que un 40% de los “holds” de todo el país se emiten en esta oficina de la agencia.
Un ICE HOLD es la orden de detención que la agencia usa para que las cárceles en todo el país mantengan detenida a una persona pendiente una revisión de su situación migratoria.
Aunque una de las demandas afecta principalmente a inmigrantes detenidos por el sheriff de Los Ángeles en los últimos años, la decisión también indica que las agencias del orden que colaboren con ICE en detener inconstitucionalmente a un inmigrante, “pueden responsables y terminar pagando mucho dinero a las víctimas”, dijo Jennie Pasquarella, directora de derechos de los inmigrantes para la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU).
La demanda contral el Sheriff fue presentada en 2012 cuando el titular de la agencia era Lee Baca, luego sucedido por el actual sheriff James McDonnell y la otra, Gonzalez vs ICE, en 2014.
(Fuente: El Nuevo Diario)