La Fiscalía, que durante el juicio mantuvo varias veces que el expresidente representaba riesgo de fuga, tenía plazo hasta hoy para responder a la solicitud de la defensa de Martinelli.

Martinelli, que ha estado encarcelado desde junio de 2017, fue solicitado en extradición por Panamá por cuatro delitos relacionados con escuchas ilegales y malversación de fondos (peculado).

La defensa de Martinelli había solicitado el pasado 26 de enero, su libertad bajo fianza aludiendo que “no tiene intención alguna de ser un fugitivo internacional”.

Sus abogados además han mostrado su intención de apelar el fallo de agosto pasado a favor de la extradición por parte del juez Edwin Torres, que fue confirmado en enero pasado por la jueza Marcia G. Cooke.

Sin embargo, la jueza Cooke concedió a la defensa hasta el próximo martes 6 de febrero una suspensión del proceso de extradición antes de llevarlo al Departamento de Estado, en caso de que el expresidente Martinelli quisiera apelar la decisión.

En ese sentido los abogados solicitaron el pasado miércoles a la jueza Cooke que amplié ese plazo de suspensión de la orden de extradición que pesa en su contra.

Los abogados están en una carrera contra el tiempo ya que Martinelli está inmediatamente sujeto a entrega a Panamá el 6 de febrero, ya que el secretario de Estado puede decidirlo en cualquier momento después de recibir la certificación de su extradición.

En la moción, los abogados expusieron que necesitan “tiempo adicional para evaluar la conveniencia de una apelación y con qué argumentos presentarla”.

En ese sentido, tras la oposición manifestada hoy por la Fiscalía se prevé una pronta respuesta de la jueza Cooke sobre la solicitud de la libertad bajo fianza.

El expresidente panameño lleva detenido desde el pasado 12 de junio en razón de una solicitud de extradición presentada por la Corte Suprema de Justicia de su país.

Panamá solicitó a Estados Unidos la extradición de Martinelli, de 65 años, para que respondiera en su país por un caso de escuchas ilegales durante su Gobierno (2009-2014) del que fueron víctimas 150 personas, incluidos periodistas, empresarios y políticos. EFEUSA

(Fuente: USAhora)