Y es que el Gobierno lleva meses imponiendo restricciones a las “ciudades santuario” que quieran beneficiarse de los fondos federales otorgados por un programa del Departamento de Justicia llamado Byrne JAG, el cual reparte 375 millones de dólares anuales para seguridad pública.

Para acceder a esos fondos, el fiscal general de EU, Jeff Sessions, obliga a estas ciudades a abrir sus cárceles a los agentes de ICE y a notificar con dos días de antelación la puesta en liberad de cualquier indocumentado bajo custodia.

A través de un escrito presentado en un tribunal federal de apelaciones de Chicago, los fiscales argumentan que estas restricciones interfieren con el derecho de los estados y los entes locales a establecer sus propias políticas de aplicación de la ley.

“La ley es clara. La Administración de Donald Trump no puede despojar a una ciudad o un departamento de policía de estos fondos críticos, simplemente porque no les gustan sus políticas”, dijo en un comunicado el fiscal Schneiderman.

Junto a Nueva York, se han sumando a la iniciativa legal los fiscales generales de California, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Oregón, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.

Debido a las restricciones impuestas por la admistración del presidente Trump, varias ciudades corren el riesgo de quedarse sin los fondos, que en algunos casos, son necesarios para proteger la seguridad pública.

(Fuente: USAhora)