Centroamericanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) se preparan para pasar la Navidad más “triste” y austera en años ante el panorama de que en 2018 su amparo migratorio peligra o directamente finaliza, y tendrán que regresar a sus países de origen o convertirse en indocumentados.
“Estamos limitándonos de gastar hasta en juguetes y no hemos platicado todavía sobre la cenita navideña, porque hasta esa alegría se nos ha apagado”, manifestó a Efe la salvadoreña Verónica Lagunas.
Esta mujer de 39 años todavía no sabe si en la mesa de esta señalada fecha pondrá un chompipollo, receta económica que trajo consigo cuando emigró a EEUU amparada por el TPS.
Junto con ella se beneficiaron unos 260,000 salvadoreños de este amparo migratorio establecido en 2001 después de dos terremotos en su país de origen, pero todos ellos viven ahora con la angustia de que inicios de año tengan que comenzar una vida bien diferente de la actual.
El TPS para salvadoreños expira el 9 de marzo de 2018, y la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump debe conocerse al menos 60 días antes de que caduque, por lo que a comienzos de enero conocerán su futuro.
Las perspectivas no son nada halagüeñas. En noviembre pasado, el Gobierno anuncio el fin del TPS para 58,000 haitianos y 5,300 nicaragüenses, y apenas prorrogó seis meses el de 86,000 hondureños, mismo plazo que recibieron los caribeños antes de conocer que tendrán que regresar a su país en 2019.
Por ello, la comunidad salvadoreña “ahorra” todo lo que puede, e incluso los más pequeños se suman en este empeño.
“Mis niños sienten nuestras preocupaciones y ponen de su parte, por eso no me piden nada para Navidad”, confesó Lagunas sobre sus dos hijos, ambos estadounidenses: Lydia, de 8 años, y de Alexandre, de 13.
En la casa de Lorena Zepeda, de 50 años, y su esposo Orlando, de 51, debaten si en Nochebuena degustarán un “pavito” con receta estadounidense o gallina rellena estilo salvadoreño.
“En esta Navidad sentimos una presión bien grande por cómo están jugando con los sentimientos de uno”, declaró a Efe Lorena, madre de dos hijos estadounidenses, Benjamín de 14 años, y Lizbeth de 12.
Esta residente en Los Ángeles asegura que lo que más teme es a la “separación familiar” por una posible deportación.
“Si a nosotros como adultos nos regresan, pues, el que es perico, dondequiera es verde, y de alguna manera en El Salvador saldremos adelante, pero nos iríamos solos”, aclaró en referencia al terror que tiene a las pandillas en su país.
Su compatriota Evelyn Hernández, coordinadora del grupo Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), explicó a Efe que en su esfuerzo de cabildeo para renovar el TPS no tienen todavía una “victoria”, pero tampoco han perdido la “batalla”.
“Los beneficiarios de TPS necesitamos una extensión de 18 meses y que los legisladores trabajen por una solución como la residencia legal permanente”, deseó.
La hondureña Sonia Paz, cuyo TPS expira el 5 de julio de 2018, dijo a Efe que a los “tepesianos” como ella el presidente Trump les “robó la esperanza, la ilusión y hasta el dinero”.
“Las pláticas en casa no son sobre cuándo instalaremos las lucecitas de Navidad, sino sobre qué vamos hacer cuando se nos acaben los 6 meses de extensión de TPS”, comentó.
“Ahorramos por si tenemos que salir corriendo a pedir refugio en Canadá, porque a Honduras no regresamos”, aseguró con firmeza.
Paz señaló que otra de las grandes preocupaciones de los “catrachos” con TPS esta Navidad es que en años anteriores la renovación del amparo costaba 465 dólares, mientras hoy, por una “extensión de pocos meses”, deben desembolsar 495.
“¡Eso es robo!”, exclamó sobre un pago que les complica aún más unas celebraciones que este año son menos animadas y más escasas de lo habitual para los centroamericanos con TPS, especialmente para los nicaragüenses, que deben salir del país antes del 5 de enero de 2019.
(Fuente: El Diario)