“Considerando los tiempos tumultuosos en los que vivimos hoy en día, esperar que alguien más proteja nuestro futuro ya no es una opción”, señaló en un comunicado Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes(CHIRLA).

Por ello, la organización lanzó la campaña “Protección sin fecha de expiración” que hasta el 16 de diciembre de este año ofrece cubrir “todos los costos relacionados con el proceso de aplicación para la naturalización”, incluidos los 725 dólares que cuesta la aplicación ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

CHIRLA igualmente está ofreciendo pagar por los costos de revisión de antecedentes para aquellas personas que califiquen para obtener la ciudadanía.

“He notado que -ya por varios años- la comunidad (inmigrante) ha estado ubicada en entender que necesitan hacerse ciudadanos estadounidenses para tener una protección total bajo la leyes de inmigración”, declaró en entrevista con Efe Nelson Castillo, abogado especialista en procesos de inmigración.

El jurista considera que esta tendencia ha aumentado en la actualidad “posiblemente debido a lo que la gente percibe acerca de la posibilidad de que pudieran perder su estatus en los Estados Unidos”.

El experto en leyes de inmigración considera que el inmigrante que desee vivir en Estados Unidos debe buscar “el mejor estatus migratorio que pueda obtener” y el mejor, en caso de cumplir los requisitos, “es hacerse ciudadano estadounidense”.

A su vez, con su experiencia de trabajo con la comunidad inmigrante y especialmente la de bajos recursos, la organización Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE) no duda que la ciudadanía es un gran logro para todo aquel que la pueda alcanzar.

“Vemos que hay un incremento en la intención de obtener la ciudadanía y siempre que una persona puede buscar la ciudadanía es importante que lo haga porque sabemos que hay muchas personas que se han quedado en la residencia”, comentó a Efe Teresa Borden, portavoz de CLUE.

Para la activista, esta tendencia de las personas para hacerse ciudadanos y poder participar en los procesos electorales muestra “que se han despertado a la necesidad de participar políticamente en el país y eso nos anima a pensar que quizás en el 2018 hay un futuro para la agenda progresista”.

Los activistas indican igualmente que el alto número de solicitudes ha creado un estado de lentitud en el trámite que está llevando a una demora de aproximadamente el doble de tiempo en el proceso.

El director de servicios legales de CHIRLA, Luis Pérez, advirtió que “la demora de más de 12 meses en el proceso de la solicitudes de ciudadanía son más comunes bajo esta administración”, por lo que enfatizó sobre la importancia de aplicar lo más pronto posible al proceso de naturalización.

Indicó al presentar la iniciativa que bajo esta campaña los solicitantes a lo mejor no tengan que pagar “ni un solo centavo para asegurar su futuro y el de su familia”.

Mientras tanto, Castillo resaltó la importancia de buscar un profesional experto que realice una evaluación personal de la situación de cada inmigrante sobre su posible opción a la ciudadanía.

“Hay que hacerlo de una forma correcta, con las personas adecuadas, abogados de inmigración representantes acreditados por el Gobierno federal que tengan la licencia y la experiencia necesaria, e invertir en lo que se tenga que invertir para poder lograrlo”, señaló el profesional.

Aunque USCIS no respondió a una solicitud de información sobre los tiempos de demora en los procesos, la agencia indica en su página oficial que unas 752,800 personas se hicieron ciudadanos a través de la naturalización en 2016.

Los estados con mayor número de naturalizados en 2016 fueron en orden: California, Nueva York, Florida, Texas y Nueva Jersey, y los países con mayor cantidad de inmigrantes naturalizados fueron México, India, Filipinas, China y Cuba.

Durante los nueve primeros meses de 2017 se naturalizaron unas 472,000 personas, con índices que muestran un 32 y un 11 por ciento menos en el primero y segundo trimestre, y un 7.9 por ciento mayor en el tercer trimestre en comparación con 2016.