“Sé que el hecho de que el estado de emergencia toque a su fín, lleva a muchos conciudadanos a temer que la intensidad de nuestros esfuerzos en términos de seguridad disminuya, y sin embargo es todo lo contrario. Los franceses seguirán viendo policías, gendarmes y militares en las calles como parte de la operación Sentinelle, que va a continuar”, aseguró el primer ministro, Edouard Philippe en un acto en la Torre Eiffel donde revisó el nuevo dispositivo de seguridad junto al Ministro del Interior Gerard Collomb.

La nueva ley antiterrorista, una de las promesas de campaña de Macron, fue adoptada por una amplia mayoría del Parlamento.

El texto refuerza los poderes de los prefectos o delegados del Gobierno para el cierre de lugares de culto, arresto domiciliario, registros o vigilancia electrónica en caso de amenaza. También mantiene un alto nivel de posibilidades de controles fronterizos.

Entre las medidas excepcionales que se conservan están los perímetros de seguridad en grandes festivales o el Tour de Francia, los controles en un radio de 10 kilómetros de aeropuertos y estaciones de trenes internacionales.

Los prefectos o delegados del Gobierno estarán habilitados para clausurar centros religiosos donde se profieran discursos que inciten a cometer al terrorismo. El Gobierno podrá limitar los movimientos de personas que considere tienen vínculos con organizaciones terroristas, una medida que afecta en la actualidad a 41 personas.

Diversas ONG’s de izquierda denuncian el carácter “liberticida” de esta ley que Emmanuel Macron ha defendido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Macron aseguró que se evaluaría en dos años y podría modificarse si fuese necesario.