Trump permitiera divulgar esos archivos y ordenara mantener otros ocultos por ahora.

La publicación de la última tanda de archivos aún clasificados sobre el tema que posee el Gobierno estadounidense tenía en vilo a historiadores y aficionados a las teorías de la conspiración, pero la Casa Blanca alargó la expectación hasta última hora de la tarde.

Fue entonces cuando Trump, que ya había adelantado que planeaba autorizar la publicación de los informes, anunció su decisión de permitir que los Archivos Nacionales divulgaran 2,891 documentos, y retener algunos de ellos debido a lo que fuentes oficiales describieron como presiones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“Hoy ordeno que el velo finalmente se levante” para que “el público pueda estar informado de todos los aspectos sobre este acontecimiento crucial”, dijo Trump en un memorando presidencial.

El mandatario reconoció que su equipo le había pedido que retuviera parte de la información de los documentos, y que no tenía “otra opción” que aceptar esas censuras en lugar de permitir un daño potencialmente irreversible a la seguridad” de Estados Unidos.

Pero Trump dio seis meses a sus agencias -hasta el 26 de abril de 2018- para que revisen las razones por las que han decidido mantener ocultos ciertos documentos y “minimicen los extractos censurados” para publicarlos cuanto antes, según explicó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un comunicado.

A la CIA y al FBI les preocupaba que los archivos expusieran “la identidad de individuos” que fueron sus “informantes” y pueden seguir vivos hoy; y que dieran detalles sobre “actividades que se llevaron a cabo con el apoyo de organizaciones extranjeras aliadas”, explicó a periodistas un alto funcionario, que pidió el anonimato.

Varios expertos en la historia y los documentos sobre Kennedy ya habían adelantado que los archivos del Gobierno que aún estuvieran ocultos estarían, en su mayoría, solo “tangencialmente” relacionados con el asesinato, y no contendrían ningún “bombazo”.

Eso se debe, en parte, a que un comité especial ya revisó hace dos décadas estos mismos documentos y clasificó la mayoría como “no relevantes”, por no estar directamente vinculados al asesinato.

Pero los historiadores esperaban encontrar alguna respuesta sobre la visita a México del presunto asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, seis semanas antes del infame suceso.

Los archivos recién publicados contienen menciones al programa que utilizó la CIA para escuchar las conversaciones en las embajadas de Cuba y la Unión Soviética en la capital mexicana, ambas visitadas por Oswald en septiembre y octubre de 1963.

“En 1970, había un archivo cronológico de la vigilancia en las embajadas cubana y soviética (…) pero esos archivos habrían sido destruidos”, indica un documento de marzo de 1978.

Lo que los expertos esperaban encontrar en los documentos eran detalles sobre la naturaleza del acuerdo que la CIA alcanzó con el Gobierno mexicano para montar esa vigilancia, según dijo a Efe el juez federal John R. Tunheim, que encabezó el comité independiente que revisó todos los documentos del Gobierno entre 1994 y 1998.

Algunos documentos mencionan el viaje de Oswald a México: un cable fechado el 28 de noviembre de 1963 habla de un “rumor” de que éste había depositado “5,000 dólares en un banco de Estados Unidos” durante su visita a la capital mexicana, pero otro cable de marzo de 1964 asegura no haber encontrado pruebas de ello, a no ser que el presunto asesino de Kennedy hubiera usado otro nombre.

Otro cable refleja una entrevista con la secretaria del cónsul cubano en México, Silvia Durán, que asegura que Oswald le pidió un visado de tránsito por Cuba de camino a la Unión Soviética y que, cuando vio que conseguirlo era difícil, se “enfadó extremadamente”.

En otro documento, el FBI revela que, poco después del asesinato de Kennedy en 1963, recibió una llamada en la que alguien amenazaba con matar a Oswald, quien fue mortalmente disparado por Jack Ruby dos días después de haber matado al presidente.

Pero algunos de los documentos más interesantes no hablan del asesinato, sino de la cultura y acciones del Gobierno estadounidense en una década de paranoia y lucha anticomunista.

Un largo informe analiza “la implicación de la CIA en planes para asesinar a líderes extranjeros”, entre las que destacan sus numerosos intentos de acabar con Fidel Castro, pero también las armas que proporcionó para que mataran al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, o su complot contra el congoleño Patrice Lumumba.

Esos documentos, y los que seguirán publicándose a lo largo de las próximas semanas y meses por orden de Trump, podrán saciar la sed de algunos historiadores, pero es improbable que disipen las numerosas teorías de la conspiración sobre el asesinato de Kennedy.

“Probablemente, esas teorías se seguirán debatiendo durante un siglo”, aseguró a Efe el juez Tunheim.