Al grito de “independencia”, y portando velas, la multitud marchó por el centro de la ciudad para reclamar la liberación de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, de las organizaciones Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana y encarcelados bajo cargos de sedición.

En el frente judicial, el Tribunal Constitucional anuló definitivamente la ley catalana por la que se convocó el referéndum de independencia del 1 de octubre, momento en que se desbocaron los acontecimientos que han sumido a España en su peor crisis política de los últimos 40 años.

La manifestación de la noche culminó una jornada de movilizaciones. A mediodía, miles de empleados abandonaron sus puestos de trabajo en Barcelona y otras localidades catalanas para exigir en silencio “la liberación de los presos políticos”.

“Nos quieren dar miedo, pero yo no lo tengo. No creo que vayan a aparecer ahora por aquí con porras, pero tenemos el presentimiento de que nos harán más daño”, dijo a la AFP la sexagenaria Conchita Riera, que participó en la manifestación de la noche.

Antes, al mediodía, en la plaza barcelonesa de Sant Jaume, el presidente catalán Carles Puigdemont y parte de su gobierno se unieron a los manifestantes, que gritaban “libertad”, “independencia” y “la represión no es la solución”.

El ayuntamiento de Barcelona suspendió actividades hasta el jueves “en solidaridad” con los detenidos, anunció la alcaldesa Ada Colau.

Las próximas 48 horas podrían ser cruciales para el futuro del conflicto entre los ejecutivos de Madrid y Barcelona, que llevó al primero a rebajar las previsiones de crecimiento económico para 2018, de 2,6% a 2,3%.

Omnium y ANC convocaron una gran manifestación el sábado a las 17H00 (15H00 GMT) en la ciudad.

Entramos en “una nueva escala de movilizaciones, que como siempre serán pacíficas, democráticas, porque no sabemos hacerlo de otra manera. Serán acciones que supondrán un paso adelante, acciones directas, con la fuerza de la ciudadanía”, dijo a la prensa Marcel Mauri, portavoz de Omnium.

En el plano económico, este martes se supo que 691 empresas se llevaron sus sedes sociales de Cataluña en octubre, más que en los nueves meses previos de 2017, según el Colegio de Registradores.

La Liga, pendiente de Cataluña

Los últimos acontecimientos llegan en un momento de bloqueo en el contencioso creado por las ansias de independencia del gobierno de Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes que representa el 19% del PIB español.

La incertidumbre se extendió al fútbol, donde la posible pérdida del FC Barcelona sería un duro golpe para el campeonato español.

Así, la Liga retrasó unas dos semanas el concurso de los derechos de televisión de la competición a nivel internacional debido a la inquietud que ha provocado una posible exclusión del Barcelona en el marco de la crisis catalana, informó su presidente Javier Tebas.

“Hemos tenido que retrasar el concurso que solemos hacer por estas fechas para saber qué pasará en España. Estamos en medio de un problema que puede afectar muchísimo al valor de nuestra competición. Ha sido retrasado alrededor de dos semanas”, declaró Tebas en un congreso de fútbol en Madrid.

El jefe del ejecutivo español, Mariano Rajoy, dio hasta el jueves al presidente catalán Carles Puigdemont para que aclare si declaró o no la independencia la semana pasada, a lo que éste contestó con ambigüedad el lunes limitándose a ofrecer diálogo durante dos meses.

A todo esto, Cuixart y Sánchez fueron encarcelados a la espera de un posible juicio por la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, sospechosos de haber convocado, dirigido y arengado el 20 de septiembre en Barcelona una protesta contra unos registros de la Guardia Civil.

El delito de sedición puede acarrear hasta 15 años de cárcel. En la misma causa están imputados el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, y una subalterna suya, Teresa Laplana, que seguirán en libertad pero no podrán abandonar el país.

Ante las múltiples voces que tildaron a los dos líderes independentistas de “presos políticos”, el delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, dijo este martes en declaraciones a Catalunya Radio: “Nos equivocaremos si juzgamos a la jueza, aquí hay separación de poderes”.

Lo que ocurrió ante la consejería catalana de Economía “no se puede calificar de actuación pacífica y cívica”, ahondó.