Un comunicado de la Casa Blanca afirmó que "el gobierno no puede legalmente hacer los pagos de reducción de costos compartidos".

Esos subsidios, que buscan ayudar a reducir el precio de los seguros médicos para personas de menos recursos, eran criticados por el presidente Donald Trump que los consideraba un "rescate financiero" para las aseguradoras.

La medida se une al decreto firmado este jueves por el presidente Donald Trump para flexibilizar algunos requisitos del Obamacare.

Terminar con la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama fue una de las promesas de campaña de Trump y ha sido uno de sus principales objetivos en la Casa Blanca.

Sin embargo, la oposición del Congreso, de mayoría republicana, ha frenado los diversos intentos por derogar la Ley de Salud Asequible.

El diario estadounidense The New York Times señala que estos subsidios de reducción de costos compartidos se estiman en US$9.000 millones para este año y US$100.000 millones para la próxima década.

Para el gobierno de Trump, estos pagos son de facto un rescate a las aseguradoras y un ejemplo de cómo Obama "abusó de los dólares de los contribuyentes y evitó la ley para apuntalar un sistema roto".

La medida supone un duro golpe para la viabilidad del Obamacare, pero las amenazas de Trump habían llevado a muchas aseguradoras a tomar precauciones.

Así, las empresas habían tasado los planes de seguros para el próximo año a la alta para contrarrestar los posibles efectos de la medida anunciada este jueves por la Casa Blanca.

La batalla judicial

El fiscal general del estado de Nueva York, Eric T. Schneiderman, se mostró dispuesto a liderar una demanda contra el fin del pago de los subsidios.

"No voy a permitir que el presidente Trump otra vez use a las familias de Nueva York como fichas en su peligrosa campaña partidista para destripar la Ley de Salud Asequible", escribió en un comunicado.

"Este verano, los tribunales admitieron nuestra intervención para defender estos vitales subsidios y la calidad de la atención sanitaria asequible que proveen a millones de familias en el país", agregó.

Schneiderman se refería al hecho de que junto a otros fiscales generales fueron autorizados a intervenir en la batalla legal que vienen librando estos subsidios en los tribunales desde que diputados republicanos interpusieron una demanda contra ellos en 2014.

.El proceso fue estimado por un juez de Washington que consideró que el Congreso nunca destinó de la manera apropiada los fondos para su pago.

El juez resolvió que el gobierno de Barack Obama había venido haciendo los pagos de manera ilegal. La administración anterior apeló y continuó liberando los fondos.

Y lo mismo venía haciendo el Ejecutivo de Trump hasta que este jueves anunció que dejará de hacerlo.

Críticas de demócratas y republicanos

El anuncio de la Casa Blanca fue respondido con críticas por parte de representantes del opositor Partido Demócrata y también incluso en las filas del Republicano, con el que ganó las elecciones Trump.

"Lamentablemente, en lugar de trabajar para reducir los costos de salud de los estadounidenses, parece que el presidente Trump aumentará las primas de salud sin ayuda de nadie", apuntaron en un comunicado conjunto los líderes demócratas del Congreso, Nancy Pelosi, de la Cámara de Representantes; y Chuck Schumer, del Senado.

En Twitter, la diputada republicana Ileana Ros-Lehtinen, representante de Florida, arremetió contra la medida anunciada por el gobierno.

"Cortar los subsidios implica más personas sin seguro en mi distrito. El presidente prometió más acceso, cobertura asequible. Esto hace lo contrario", escribió la política cubano-estadounidense.