Abreu dijo que con la implementación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad, un organismo judicial independiente, se constituya en Procurador Contralor Fiscal, que se encargue de vigilar y sancionar a los funcionarios públicos y personas particulares que se le establezca responsabilidad en el mal manejo de fondos públicos.

Entiende que se hace urgente que ese organismo se establezca en el país para apoyar en el combate a la corrupción y la impunidad desde una visión integral, que no solamente trabaje en la investigación de casos relevantes que involucren redes  de corrupción pública y privada, sino que sus esfuerzos estén enfocados en reformar y fortalecer la institucionalidad que permita prevenir este flagelo que viene socavando la credibilidad de sus autoridades y el sistema político.

Abogó porque esa misión de la OEA que trabaja en el objetivo de apoyar el combate a la corrupción en un Estado miembro, colabore  activamente con las instituciones del país y con la sociedad civil en desmontar el andamiaje que promueve la corrupción y la impunidad, y robustecer los mecanismos de investigación jurisdiccional, control de los recursos públicos y fiscalización del poder.

Abreu es de opinión que mientras perdure la forma actual de escoger los integrantes de la justicia dominicana con intereses políticos del gobierno de turno y sus aliados, prevalecerá la impunidad premiada por sus aportes económicos o trabajo de campo a favor del partido gobernante del momento.

Entiende que a ese organismo independiente se le debe otorgar la facultad de ejercer acción penal y realiza la investigación de los hechos que de conformidad con denuncias comprobables, la ausencia de forma de justificación de riqueza y otros elementos que revistan las características de delito.

Explicó que el organismo sugerido velaría por el cumplimiento de la aplicación de las leyes anticorrupción, coordinaría la realización acciones en la lucha contra la corrupción frente a entidades o personas físicas en las cuales existan indicios de corrupción, establecer los indicadores de eficacia, eficiencia y transparencia obligatorios para el sector público y privado.