El organismo de defensa de los indios, vinculado al Episcopado de la Iglesia católica brasileña, condenó en duros términos en un comunicado la decisión anunciada el lunes por el Ministerio de Justicia de anular un decreto que reconocía como propiedad de los Guaraní un área de 512 hectáreas en Jaraguá, un municipio en el estado de Sao Paulo.

Tras la anulación del decreto, los 70 indios Guaraní que viven en Jaraguá tendrán que limitarse a un terreno de 3 hectáreas pese a que el Gobierno ya había reconocido que las tierras de sus ancestros se extendían por más de 500 hectáreas.

Para el CIMI, la decisión del Gobierno de Temer “es injusta, discriminatoria, vergonzosa y genocida” ya que confina a un grupo de indios en un “espacio flagrantemente insuficiente para que puedan vivir según sus costumbre, creencias y tradiciones”.

El Gobierno alegó que la demarcación de la reserva de 512 hectáreas tendría que haber sido concluida cinco años después de su creación en 1987, pero el propio Gobierno demoró 25 años en hacerlo.

De acuerdo con la entidad, la más activa en la defensa de los indios en Brasil, el Gobierno terminó “sancionando a los Guaraní por la omisión y la morosidad del Estado brasileño. Al culpar y sancionara a las víctimas, Temer eleva aún más el nivel de cinismo y de injusticia de su Gobierno”.

“No restan dudas de que el Gobierno Temer es el más antiindígena desde la dictadura militar. Además de omitirse en la publicación de los decretos que homologan nuevas reservas indígenas, Temer ataca a los pueblos originarios y sus derechos con radicalismo y recurrencia”, asegura el organismo episcopal.

Según el CIMI, entre otras medidas que demuestran que la posición antiindígena del actual Gobierno destaca el decreto en el que le pidió al Ministerio de Justicia revisar los procedimientos de demarcación de reservas y el parecer que instituyó la tesis según la cual los indios sólo pueden tener derecho a las tierras que ya ocupaban cuando fue aprobada la Constitución de 1989.

El CIMI atribuye tales posiciones al poder que tienen en el Gobierno y en el Congreso los grandes latifundistas.

“El Gobierno Temer funciona como una oficina avanzada de los latifundistas y de las grandes corporaciones empresariales, muchas de las cuales multinacionales dedicadas a la agropecuaria en Brasil”, afirmó el organismo en su comunicado.

De acuerdo con los obispos que integran el CIMI, mientras que los latifundistas “esparcen el terror en el campo y en los bosques con asesinatos en serie y robo en masa de tierras públicas, el Gobierno Temer los premia y los ayuda estructuralmente en el intento de eliminar los pueblos indígenas, descendientes de esclavos prófugos y pescadores artesanales”.

En Brasil, según datos oficiales, existen unas 600 reservas habitadas por 480.000 indios de 227 etnias y que ocupan 109,6 millones de hectáreas, equivalentes al 13 % del territorio nacional.

Los conflictos por la propiedad de la tierra son recurrentes en Brasil y muchos ocurren en reservas indígenas, según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), otro organismo del Episcopado.

De acuerdo con este organismo, en 2016 la violencia en el campo alcanzó sus peores niveles en trece años, con 1.536 conflictos que dejaron 61 muertos, de los cuales 13 eran indios y 4 descendientes de esclavos prófugos.