El tiroteo que tuvo lugar el pasado miércoles frente a uno de los mayores hospitales de la capital, donde murieron siete personas y otras once quedaron heridas, ha sido utilizado para experimentar con las posibles soluciones que se deben adoptar para poner fin a la lacra de las maras y el narcotráfico, los máximos culpables de los altos índices de delincuencia.

La pena de muerte o la conocida como ley “anti-maras”, que busca endurecer las penas de cárcel y las multas a los pandilleros, han sido las más exitosas. Todas tienen en común la idea de volver a implementar en este país, que no ha superado las heridas de una sanguinaria guerra civil, las políticas de “mano dura” o “tolerancia cero”.

Zury Ríos, excandidata Presidencial e hija del exdictador José Efraín Ríos Montt (1982-1983), es una de las más férreas defensoras de la pena de muerte. Su actual partido, Visión con Valores (VIVA), ha presentado varias iniciativas de ley en el Congreso para reactivar este castigo, algo que también secunda el partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Precisamente la formación política que llevó a la Presidencia del país a Jimmy Morales convocó este sábado una manifestación pacífica para pedir a sus compañeros del Congreso que tomen conciencia de la realidad del país y que apoyen su deseo bajo el lema “por el derecho a la vida” para acabar con los ríos de sangre.

El artículo 18 de la Constitución de Guatemala establece la pena de muerte, sin embargo, en los últimos años no ha podido ejecutarse debido al vacío legal que existe desde que el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) derogó en 2004 el decreto 159, que regulaba el indulto y permitía al presidente suspender o no la ejecución.

Como el Estado de Guatemala, que ejecutó por inyección letal a dos secuestradores en el año 2000 por última vez, no ha restablecido la plena vigencia de este recurso de gracia, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha conmutado la pena de muerte por la máxima pena de prisión a los reos que así lo han solicitado.

Pero la indignación hacia los asesinos, los sicarios, los violadores de menores o los propios pandilleros es inevitable. El proceder de estos delincuentes ha generado tal rechazo en el ciudadano de a pie que la mayoría ha llegado a la conclusión de que la sociedad sería mejor si estas personas fueran eliminadas.

Más las emociones no justifican la implementación de este castigo.

Así lo asegura a Efe el sociólogo Gustavo Berganza, quien cree que la presencia de grupos como el narcotráfico o las maras son “un síntoma de descomposición social” que la pena de muerte, en un Estado “casi fallido” como el de Guatemala, no va a resolver.

Este castigo, tal y como reiteran varios organismos internacionales, no es un elemento disuasorio para que los sicarios dejen de matar, para que los violadores dejen de abusar sexualmente a niños o para que el corrupto deje de robar dinero público.

“Como disuasivo eso no funciona”, reitera Berganza, periodista y columnista, quien apunta a intereses electorales de varios políticos que buscan la Presidencia, entre otros, como los férreos impulsores de esta medida, porque la mayor parte de la sociedad sí cree que la pena de muerte “funciona”.

Hace unos cuatro años, tres de cuatro guatemaltecos estaban a favor de la pena letal, lo que evidencia el contexto “tan violento”, donde la gente resuelve sus rencillas a balazos para paliar la sed de venganza aplicando el afamado dicho del “ojo por ojo y diente por diente”.

Ello, continúa, es muestra de un “reducto de conservadurismo y de subdesarrollo político y económico”, pero aplicar la pena de muerte sería “un paso hacia atrás”, por lo que Guatemala debe olvidar la mano dura y buscar otras estrategias de paz, como generar confianza en el sistema judicial y de prevención del delito, aumentando su capacidad de funcionamiento y eficacia.

Amnistía Internacional (AI), una organización que desde 1977 lucha para poner fin a las ejecuciones, dijo en su último informe que en 2016 se ejecutaron a 1.032 personas en todo el mundo, sin contar China, donde estos datos están clasificados como “secretos de Estado”.

Más de las dos terceras partes del mundo, 141 países, son abolicionistas en la ley o en la práctica.

En América solo Estados Unidos practicó ejecuciones el año pasado. Y en Centroamérica, una de las regiones más pobres y violentas del mundo, solo Guatemala tiene la pena de muerte “retenida” y El Salvador “abolida en la práctica”. El resto la ha derogado.