“Si hay más represión y más violaciones de derechos humanos, las acciones de la comunidad internacional y las sanciones deberán ser más duras”, dijo hoy Almagro en un comunicado de condena al nuevo encarcelamiento de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma.
Esta medida, según el diplomático uruguayo, “ha sido ejecutada al margen de mínimas garantías de cualquier marco jurídico” y “es completamente lesiva para los derechos humanos de ambos dirigentes y sus familias”.
“No hay razones jurídicas por las que se pueda justificar que Ledezma y López estén presos. Son las mismas sinrazones que valen para todos los presos políticos”, opinó.
En este contexto, hizo un llamado “urgente” a la comunidad internacional, los países de la OEA, las Naciones Unidas, a la Unión Europea y al Vaticano, entre otros, para que continúen “adoptando medidas para defender la democracia y los derechos humanos en Venezuela”.
Almagro aboga por una “negociación de salida entre el régimen y la oposición” que, a su juicio, debe incluir a López y Ledezma y en la que debe participar la Conferencia Episcopal Venezolana y se deben utilizar “los mejores mecanismos de seguimientos de compromisos políticos de la comunidad hemisférica”.
El diplomático, al frente de la OEA desde mayo de 2015, es una de las voces internacionales más duras con el Gobierno de Maduro desde pocos meses después de su llegada a Washington.
López y Antonio Ledezma volvieron esta madrugada a las celdas de la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, de donde habían sido liberados para cumplir sus penas de prisión bajo arresto domiciliario.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela alegó que les fue revocado el arresto domiciliario porque ambos líderes opositores “planeaban fugarse”.
Ledezma fue detenido en febrero de 2015 acusado de conspiración y asociación para delinquir. Tras dos meses en la cárcel militar de Ramo Verde, recibió una “medida cautelar sustitutiva de libertad” y por motivos de salud estaba en arresto domiciliario.
López, por su parte, pasó el pasado 8 de julio a situación de arresto domiciliario después de su encarcelamiento de más de tres años en la prisión de Ramo Verde, donde sus abogados denunciaron que fue torturado en varias ocasiones.