La decisión de extender las investigaciones durante otros doce meses fue tomada en una reunión del Consejo Nacional del Ministerio Público, que por última vez fue presidido por el fiscal general Rodrigo Janot, quien concluirá su período al frente de ese organismo en septiembre próximo.
La semana pasada, con la decisión oficializada hoy ya tomada, el Ministerio Público también determinó que el presupuesto que destina a la operación “Lava Jato” pasará en 2018 a 1,6 millones de reales (512.820 dólares), frente a los 522.600 reales (167.500 dólares) con que contó este año.
La investigación destapó una vasta red integrada por directores de Petrobras, políticos de una decena de partidos y empresarios, que amañaba contratos con la petrolera e inflaba sus precios para repartir luego las diferencias entre sus miembros.
Luego se descubrió que esas mismas prácticas se reproducían en otras empresas públicas, con la participación de los mismos agentes tanto en el sector privado como en la política.
De acuerdo a balances oficiales, en tres años y medio han sido condenados a prisión 157 de los investigados, con penas que suman un total de 1.563 años de prisión.
Entre los condenados, aunque por ahora solo en primera instancia, figura el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien recibió una pena de nueve años y medio de cárcel que solamente será efectiva si es confirmada por un tribunal superior.
Investigaciones derivadas de la operación “Lava Jato” permitieron además llegar a otros asuntos, como supuestos sobornos recibidos por el actual presidente brasileño, Michel Temer, que llevaron a la Fiscalía a denunciarle por el presunto delito de corrupción pasiva.
La denuncia será evaluada mañana por la Cámara de Diputados y, en caso de que reciba el respaldo del pleno del ese órgano legislativo, el mandatario puede ser suspendido por seis meses para responder a un juicio tras el cual sería destituido de ser hallado culpable.
Así como ha estremecido a la política brasileña, la investigación ha permitido descubrir prácticas corruptas en Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, Angola y Mozambique, en estos casos vinculadas a la firma Odebrecht, una de las más implicadas en Brasil.