Ahora, las deportaciones llamadas “rápidas” o “expeditas” (las que no requieren una audiencia judicial) afectan solo a los indocumentados detenidos a menos de 100 millas (unos 160 kilómetros) de las fronteras y que llevan menos de dos semanas en el país.

La propuesta que tiene la Casa Blanca entre manos permitiría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) deportar sin pasar por un tribunal a todos los indocumentados detenidos en cualquier punto de EE.UU. y que no puedan probar más de 90 días en el país, de acuerdo con el rotativo capitalino.

Este cambio en los protocolos, que no requiere de aprobación del Congreso, permitiría al Gobierno de Donald Trump acelerar las deportaciones en consonancia con sus propuestas electorales de endurecer la política migratoria.

“Los posibles cambios permitirían al DHS utilizar de forma más eficiente los recursos para expulsar a las personas que han estado ilegalmente en el país durante períodos de tiempo relativamente cortos mientras se cumplen los requisitos del debido proceso”, dijo al diario una portavoz del departamento, Joanne F. Talbot.

La Casa Blanca, en su propuesta presupuestaria para 2018, contempla la contratación de 1.000 agentes migratorios para incrementar las detenciones y posteriores deportaciones.

El Congreso aprobó en 1996 las deportaciones “rápidas” para todos los indocumentados que llevasen menos de dos años en el país, pero en 2004, bajo la Presidencia de George W. Bush, se suavizaron los requisitos, que rigen hasta día de hoy.

Sin embargo, las deportaciones “rápidas” han crecido desde unas 50.000 en 2004 a 193.000 en 2013, cuando representaron casi la mitad de todas las expulsiones de indocumentados.