Las alarmas por la posibilidad de perder este beneficio tras vivir en Estados Unidos por más de 15 años creció recientemente porque el gobierno estadounidense hizo una modificación para el caso de los haitianos: el 22 de mayo se anunció que el TPS se renovaría por seis meses, y no los 18 meses habituales, a los 58.000 haitianos que el país cobija desde el terremoto de 2010.

Esto ha puesto nerviosos a los centroamericanos, que temen que su protección —que les da derecho a un permiso de trabajo— sea revocada.

Washington otorga el TPS a ciudadanos de países que sufrieron desastres naturales o conflictos civiles. Nicaragua y Honduras recibieron la designación en 1999 tras la destrucción causada por el huracán Mitch, y El Salvador ingresó a la lista en 2001 tras una secuencia de terremotos en enero y febrero de ese año. Haití la recibió tras el terremoto de 2013.

En cuanto a los centroamericanos, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que el secretario John Kelly revisaría las condiciones y consultaría con las agencias correspondientes las fechas de expiración del año entrante. “Cada país se considera de manera individual, caso por caso”, aclaró en un comunicado.

Los críticos del beneficio argumentan que la renovación automática de éste ha propiciado la violación del espíritu de un programa que nació para ayudar a la gente que tuvo que dejar Centroamérica en el pasado debido a guerras civiles y más tarde a causa de desastres naturales.

Los gobiernos de El Salvador, Nicaragua y Honduras han alegado durante años que no están listos para captar repentinamente a tantas personas y que les afectaría dejar de recibir sus remesas. Sus ciudadanos representan un 80% de los beneficiarios de TPS provenientes de un total de 13 naciones.

Al respecto, el canciller salvadoreño Hugo Martínez ha dicho que su gobierno busca una prórroga al TPS o una medida alternativa para que los salvadoreños “gocen de un estatus migratorio regular y estable en Estados Unidos”, sin precisar detalles.

Defensores del TPS alegan que sería cruel repatriar a estas personas después de que ha transcurrido tanto tiempo y cuando sus países de origen continúan enfrentando grandes dificultades.

“Hablamos de personas que han creado sus nuevas vidas y han hecho todo en el sistema legal para quedarse aquí”, dijo Julio Calderón, un activista hondureño que reside en el sur de Florida y cuyos padres tienen TPS.

Entre los sectores opuestos al TPS, que alegan que el gobierno federal ha convertido en permanente un beneficio que fue concebido originalmente como una solución temporal, está el congresista republicano por Alabama, Mo Brooks, quien presentó recientemente un proyecto de ley que busca traspasar del Ejecutivo al Legislativo la autoridad para conceder y renovar TPS.

La iniciativa “busca garantizar que ‘temporal’ signifique temporal al establecer límites de tiempo claros y al crear parámetros reglamentarios que deben cumplirse para obtener el TPS”, dijo Brooks. “Esta legislación brinda la reforma necesaria para lo que se ha convertido en una amnistía de vieja data”.

A pesar de la preocupación, la comunidad salvadoreña tiene la esperanza de que el Departamento de Seguridad Nacional no solo renueve el TPS cuando expire en marzo de 2018, sino que además lo reemplace por una residencia permanente que al cabo de cinco años permita la naturalización.

“Es importante que el gobierno siga renovando el TPS”, dijo la empresaria salvadoreña de 47 años Nancy Vásquez en un restaurante de comida rápida en Rockville, Maryland. “Pero sería bueno que mejor nos dé una residencia permanente con camino a la ciudadanía. Eso es lo que nosotros deseamos, que ya nos dé algo más seguro, sin tener que renovar cada 18 meses”.