Indocumentados argentinos arrestados recientemente por las autoridades migratorias de Estados Unidos, y que entraron originalmente a este país con el programa de “visa waiver” antes de 2002, se encuentran ahora con una mala noticia: a diferencia de otras personas que no tienen documentos, no pueden hacer gran cosa para pelear su deportación.

Un indocumentado que se quedó más allá de su visa normal y que tiene varios años en este país, así como uno que entró por la frontera, usualmente tiene derecho a un proceso de revisión de su caso ante un juez si es arrestado por las autoridades migratorias. Esos procesos pueden durar años e incluso prevenir la expulsión de la persona.

Pero quienes entraron con  “visa waiver” no tienen esa oportunidad. La ley estadounidense requiere ceder el derecho a audiencia a quienes participan en este programa especial, pero incumplen con la salida.

La única excepción a esa ley es, hasta ahora, la presentación de un caso legítimo de asilo, en el que hay que probar un miedo creíble de regresar a su país.

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La “visa waiver” es un programa que permite que los ciudadanos de 38 países ingresen a los Estados Unidos sin visa y permanezcan hasta 90 días.

Actualmente, Chile es el único miembro latinoamericano del acuerdo, pero Argentina perteneció a él desde 1996 hasta 2002 y Uruguay lo tuvo entre 1999 y 2003.

Crisis económicas en estos dos últimos países impulsaron a Estados Unidos a suspender su participación en el programa.

No se sabe cuántos argentinos o uruguayos entraron con “visa waiver” y se quedaron, pero dos casos recientes saltaron a la palestra nacional al ser reportados por los medios y pusieron en evidencia el dilema al que se enfrentan estos inmigrantes.

Raul Fernando Quiroga, un argentino residente en Miami, fue entregado la pasada semana a la Patrulla Fronteriza tras tener un pequeño accidente de auto en el norte de esa ciudad.

Quiroga no tiene antecedentes penales, tiene un hijo ciudadano y otro que podría calificar para DACA, pero varios abogados dijeron a sus amigos y familiares que no podían hacer mucho por él debido al “visa waiver”.

“Estuvimos hablando con abogados, la mayoría quiere plata por delante sin saber de qué se trata el caso” , dijo Javier Reyes, un amigo de Quiroga “de muchos años”. “Pero hoy encontramos uno que nos dijo que no quería robarnos el dinero, porque no va a poder hacer nada, solo una mejor condición para su salida”.

Pero la abogada Mariela Caravetta, especialista en ley de inmigración con oficinas en Los Ángeles, dijo que su recomendación a las personas que entraron con visa waiver y que son detenidas por inmigración es “guardar silencio, no ofrecer información ni responder preguntas” de ICE.

“Lo mejor es no reconocer cómo entró. En definitiva, hay que ver si podrán encontrar la información de entrada de aquellos años, los records de entonces no están muy ordenados que digamos”, dijo Caravetta. “Cuando menos ponerlos a investigar y mientras tanto la persona puede buscar un abogado”.

Otro caso reciente que tuvo un resultado hasta ahora favorable fue el de Daniela Vargas, una joven de 22 años que fue arrestada a principios de marzo en Mississippi luego de presentarse públicamente a protestar el arresto de su padre y su hermano.

El gobierno alegó que le iban a aplicar una deportación administrativa, donde la expulsión la decide la propia agencia y no un juez de inmigración, porque Daniela entró con su familia en 2001 con “visa waiver”.

Pero abogados de la joven alegaron que ella no pudo ceder ese derecho, porque tenía apenas 7 años.

“Ella no puede ceder un derecho a esa edad, creemos que aplicarle ese tipo de deportación viola el proceso debido”, dijo en su momento la abogada Michelle La Pointe, abogada del Southern Poverty Law Center (SPLC).

El caso causó un revuelo nacional y cientos de llamadas a ICE de parte de activistas e interesados y eventualmente logró la liberación de Daniela.