El gobierno de Donald Trump sigue esforzándose por pintar a la comunidad indocumentada como una que está dominada por “delincuentes”, una tarea que inició el primer día de su campaña, allá por mediados de 2015 y que su gobierno siguió tratando de avanzar esta semana, a pesar de que todas las investigaciones digan lo contrario.
La famosa lista de “delincuentes extranjeros” publicada el pasado lunes por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) resaltó 206 casos en los que las agencias policiales locales se negaron a retener en la cárcel a inmigrantes que iban a ser liberados para que los federales fueran por ellos.
Pero la lista contenía más ACUSADOS de un delito que CONVICTOS O CULPABLES del mismo. Llamar delincuentes a personas que no han sido culpadas por un tribunal es inconstitucional, señalaron críticos.
De hecho, de los 206 casos, sólo alrededor de 90 fueron convictos de un delito y en la mayoría de los casos se trató de un delito como posesión de drogas, manejar bajo la influencia y violencia doméstica, que no es precisamente el tipo de delito en los que se enfoca el Presidente Donald Trump durante sus discursos.
Esto ocurre porque muchas jurisdicciones locales en los últimos años dejaron de cumplir con los llamados “detainers” o solicitudes para extender la detención de estos extranjeros más allá de lo que manda el sistema penal de justicia, porque diversos tribunales dijeron que la práctica era inconstitucional y podría llevar a demandas.
En otras palabras, si una persona termina su condena o si es liberada bajo fianza esperando un juicio, es ilegal para las autoridades retenerla en la cárcel solo para que ICE las recoja.
En la mayoría de los casos, como ocurre en California, donde está vigente el “Acta de confianza”, las autoridades locales solo colaboran con las autoridades migratorias si la persona en cuestión ha sido encontrada culpable de un delito grave, y no de delitos menores como, por ejemplo, manejar bajo la influencia del alcohol o violencia doméstica
Pero el gobierno de Trump está dispuesto a señalar con el dedo a estas jurisdicciones, haciéndolos responsables si un extranjero con prontuario criminal reincide y vuelve a delinquir, aun cuando nada impide a las autoridades federales el recoger a estas personas cuando salen de prisión.
Se supone que cada semana, el gobierno actualizará la lista con nuevos casos de “detainers” rechazados por policías locales. Lo que no publicó el gobierno, sin embargo, es que en otros cerca de 3000 casos, las policías sí colaboró con ICE.
Tampoco publicaron en cuántos de esos casos, realmente ICE acudió a arrestar y deportar a los inmigrantes, algo que anteriores análisis de los datos revelaron que no siempre ocurría.
El gobierno federal dijo que de ahora en adelante no publicaría esas cifras, dejando claro que sólo entregarán la información que confirme su punto de vista y dejando el panorama incompleto.
Ciudades defienden a sus inmigrantes.
Entretanto, las llamadas “ciudades santuario” siguieron desafiantes ante Donald Trump y su plataforma de deportaciones, detención masiva y muro fronterizo.
Más de 65 alcaldes reafirmaron esta semana que no colaborarán con las autoridades migratorias más allá de lo que requiere la ley y la ciudad de los Ángeles extendió a otros departamentos de la ciudad la prohibición que tienen sus policías de iniciar contacto con un ciudadano para averiguar su estatus migratorio.
Esta semana, el alcalde Eric Garceti firmó la Directiva 20, que prohíbe que los departamentos de puertos, aeropuertos y bomberos apliquen las leyes migratorias, acercándose a cualquier persona con la intención de identificar si están legalmente en el país. La misma orden ya existe para la policía de LA desde hace décadas.
El alcalde Eric Garcetti regala su pluma al joven Elijah Cabrera, 8 después de firmar la Directiva Ejecutiva # 20. Al alcalde Garcetti se le unieron el Concejal Gil Cedillo, el Jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles Charlie Beck, el Jefe de Bomberos Ralph Terrazas y activistas pro inmigrantes.
Docenas de ciudades aprobaron resoluciones en favor de los inmigrantes y reafirmaron su compromiso con esa comunidad. Muchas de estas municipalidades están haciendo más que hablar, están poniendo recursos en asistir legalmente a la comunidad y han puesto límites a la colaboración con ICE.
No más gastos en deportaciones, piden 400 líderes
El gobierno de los Estados Unidos ya gasta la bicoca de 19,000 millones de dólares anuales en detener, encarcelar y deportar a cientos de miles de extranjeros. Es un gasto mayor que el que realiza en todas las demás agencias federales combinadas: FBI, ATF, CIA, Servicio Secreto, etc.
Además, ahora Trump quiere otros 3,000 millones “para comenzar” con su solicitud de presupuesto, dinero que supuestamente será destinado a abrir más centros de detención, comenzar la construcción el muro, que según cálculos podría superar los 20,000 millones y contratar a miles y miles de agentes de ICE y Frontera adicionales.
Estos objetivos y gastos parecen ir diametralmente en contra de lo que opina la opinión pública estadounidense, que desde hace ya algún tiempo está en favor de la legalización de la mayoría de inmigrantes indocumentados que no ha cometido delitos en este país más allá de su presencia no autorizada.
De hecho, hace apenas unos días se publicó la más nueva encuesta al respecto, y el apoyo en favor de la legalización de indocumentados y en contra de las deportaciones masivas no ha hecho más que aumentar. Aquí están las cifras de CNN.
Para resumir: el 90% de los estadounidenses apoyaría un plan que no deportara, sino LEGALIZARA a los indocumentados, tras cumplir una serie de requisitos. El 71% señala que el gobierno no debe deportar a todos los indocumentados que están aquí -hay apoyo para deportar a delincuentes, por eso Trump los pinta a todos de esta manera- y 58% considera que las deportaciones que se están haciendo “irán demasiado lejos” y deportarán a muchos que no han cometido delitos.
Siendo estas las cifras: ¿por qué entonces tanto énfasis en las deportaciones de parte de Trump? Porque el candidato, tal y como los republicanos, están respondiendo a su base más activa, que también es la más recalcitrante en el tema migratorio. Pero no es, ni con mucho, la mayoría de los estadounidenses, ni siquiera la mayoría de los republicanos.
Este viernes, entretanto, más de 400 líderes comunitarios enviaron una carta a los líderes de ambas cámaras del congreso pidiendo que no entreguen a Trump los 3,000 millones solicitados para deportaciones, muro, etc, indicando que es “excesivo e innecesario”.
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