El acuerdo del viernes con Takata, por el que el fabricante japonés acepta su responsabilidad por el defecto que ha causado más de una decena de muertos en Estados Unidos y casi 200 heridos, se une al que Washington  llegó el 11 de enero con Volkswagen (VW).

Takata, que  durante años ocultó a sabiendas el defecto que provoca la explosión de los airbag defectuosos, pagará una multa de 25 millones de dólares, y creará dos fondos de 125 y 850 millones de dólares para compensar a víctimas y fabricantes de automóviles, respectivamente.

Además, tres altos directivos de Takata han sido  imputados y se enfrentan a varios cargos de fraude por su papel en el escándalo.

En el caso de VW, que también aceptó que durante años había ocultado de forma fraudulenta el trucaje de sus motores diésel para enmascarar emisiones ilegales, el fabricante alemán pagará una multa de 4.300 millones de dólares.

Esta multa se suma a 15.000 millones de dólares en indemnizaciones que VW ya había acordado pagar a los propietarios de los 590.000 vehículos trucados en Estados Unidos y las autoridades medioambientales federales y de California.

Y seis de sus ejecutivos, encargados del desarrollo y comercialización de los motores trucados han sido imputados por las autoridades estadounidenses. Uno de ellos, Oliver Schmidt, de 48 años de  edad, ya ha sido detenido.

Pero la mano dura de la administración del presidente Obama no se limita a estas dos empresas.

En 2015, las autoridades federales obligaron a General Motors (GM) a pagar la que entonces era la segunda multa más elevada de la historia del automóvil en Estados Unidos, 900 millones de dólares, por ocultar durante años el defecto del sistema de ignición de sus automóviles.

El defecto, que GM ocultó desde principios del siglo XXI hasta 2014, ha causado al menos 124 muertos en Estados Unidos y cerca de 300 lesionados.

Hasta la imposición la semana pasada de la multa de 4.300 millones de dólares a VW, Toyota poseía el récord de la mayor  sanción económica a un fabricante, 1.200 millones de dólares, que acordó pagar en 2014 para cerrar la investigación por las aceleraciones involuntarias de sus vehículos.

Con toda seguridad, a la lista compuesta por Takata, VW, GM y Toyota se sumaría en el futuro Fiat Chrysler (FCA) sino fuese porque el segundo  y último término del presidente Obama termina el próximo 20 de enero.

Y es que el pasado jueves, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) acusó a la compañía italo-estadounidense de un delito similar  al cometido por VW: ocultar las emisiones reales de sus motores diésel utilizando un software.

De probarse las acusaciones de EPA, que han sido negadas rotundamente por FCA, el fabricante podría verse obligado a pagar 4.600 millones de dólares en multas.

Sin embargo, las probabilidades de que la investigación contra FCA termine en algo parecido a lo que les ha sucedido a VW o GM o Toyota son escasas con la llegada a la  Casa Blanca del presidente electo, Donald Trump.

Para empezar, su candidato a dirigir EPA, Scott Pruitt, ha sido un vocal crítico de las  actuaciones de la agencia que se ha convertido con Obama en el azote del sector del automóvil.

E l presidente de FCA, Sergio Marchionne, resumió con enfado el sentir del sector automotriz por las acciones de EPA y las autoridades federales al declarar que no son “una clase de criminales” ni están “intentando transgredir la ley”.

Pero la fiscal encargada del caso de Takata, Barbara McQuade, declaró al anunciar el acuerdo con el fabricante japonés que el sector del automóvil tiene que cumplir la ley sin excepciones.

McQuade explicó que si los fabricantes no cumplen con sus obligaciones y “en vez de eso, eligen defraudar, individuos y empresas responsables, tendrán que rendir cuentas”.