Explicó que para las expulsiones "el gobierno se vale de la suspensión del contrato de trabajo a tiempo determinado con los empleados que mantiene bajo esa figura, sin embargo la Ley Orgánica del Trabajo establece que al cumplirse un año como contratado el trabajador debe ser pasado a la nómina fija".

la representante de Unete explicó que los despedidos cumplen funciones en el sector público desde hace 2, 4, 6, 10 y hasta 16 años, por lo que el Ejecutivo "incurre en una flagrante violación de la Ley del Trabajo".

La sindicalista señaló que con los contratados el gobierno incurre en la práctica de la tercerización, la cual está expresamente prohibida en la ley, que la define como fraude laboral del patrono del sector público y el privado.

El periódico recuerda que días atrás, Servando Carbone, coordinador de la Unete y de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, denunció que la intención del gobierno de Nicolás Maduro es rescindir los contratos a 300.000 empleados.

"Estos trabajadores han permanecido años en esa condición con la promesa del patrono Estado de que en cualquier momento pasarán a fijos", dijo Carbone.

Según el directivo de Fentrasep, el gobierno alega la necesidad de reducir el gasto en el sector público mediante la salida del personal contratado "en lugar de aplicar los recortes presupuestarios en la compra de armamento".