Moïse fue asesinado en su residencia privada en Pèlerin 5, en las colinas de Puerto Príncipe, en la madrugada del 7 de julio de 2021. Un grupo armado, compuesto en su mayoría por exmilitares colombianos, irrumpió en su vivienda y le disparó en al menos doce ocasiones, mientras que su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.

A cuatro años del crimen, el país aún no logra recuperar la estabilidad, mientras el caso judicial avanza lentamente en medio de una compleja red de actores nacionales e internacionales implicados. Aunque hay detenidos y acusaciones formales tanto en Haití como en Estados Unidos, la autoría intelectual y los móviles reales del magnicidio siguen sin esclarecerse del todo.

El magnicidio dejó un vacío de poder que agravó la crisis institucional ya existente. Desde entonces, Haití ha sido gobernado sin elecciones generales, con una transición prolongada y marcada por enfrentamientos entre grupos políticos, colapso de los servicios públicos y el creciente control de las pandillas sobre vastas zonas del país, especialmente en la capital.

Analistas coinciden en que el asesinato de Moïse fue un punto de quiebre. “Fue el inicio de un espiral que ha terminado por desbordar completamente al Estado haitiano”, explica el politólogo Jean-Baptiste Durosier.

Mientras tanto, la comunidad internacional ha hecho esfuerzos intermitentes para apoyar la estabilización de Haití. Este año, se espera el despliegue de una fuerza multinacional liderada por Kenia, bajo mandato de la ONU, para apoyar la seguridad nacional y facilitar un eventual proceso electoral.

En medio de esta realidad, los haitianos conmemoran el cuarto aniversario de la tragedia con incertidumbre, dolor y frustración. Muchos aún claman justicia por la muerte de su presidente, pero también piden soluciones concretas ante el deterioro acelerado de las condiciones de vida en el país.