El juicio contra el exmandatario (2018-2020) por la presunta entrega irregular de concesiones para un proyecto de irrigación y la construcción de un hospital estará a cargo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la jueza Fernanda Ayasta.

La Fiscalía ha solicitado que Vizcarra sea condenado a 15 años de prisión por este caso, ya que asegura que empresas de la construcción entregaron al entonces gobernador pagos por 2,3 millones de soles (unos 611.000 dólares o 565.000 euros) para adjudicarse las obras.

Al respecto, el fiscal anticorrupción Germán Juárez afirmó, en declaraciones publicadas este domingo por el diario El Comercio, que están «convencidos del caudal probatorio que se ha obtenido, que la persona de Martín Vizcarra ha cometidos los delitos de cohecho pasivo propio (…) y que por ello se va a obtener una sentencia condenatoria.»

Vizcarra, por su parte, ha interpuesto una acción legal para que el tribunal declare la nulidad de la citación a juicio oral, por considerar que el auto de acusación debía contener también la imputación por la presunta comisión del delito de colusión, por el que fue acusado inicialmente por la Fiscalía.

El tribunal, que también ha programado la segunda sesión del juicio oral para el próximo 4 de noviembre, deberá pronunciarse sobre este pedido al inicio de la sesión de este lunes.

Este fin de semana, el Poder Judicial autorizó a Vizcarra, quien afronta el proceso bajo mandato de comparecencia con restricciones, para que viaje en diciembre próximo a la región de Moquegua a pasar las fiestas de fin de año con sus familiares.

Inhabilitaciones

El exmandatario tiene actualmente dos inhabilitaciones, que le impuso el Congreso para ejercer cualquier cargo público durante 10 y 5 años, lo que le impidió asumir el cargo de parlamentario que obtuvo con la mayor votación nacional en los comicios de 2021.

Por ese motivo, en septiembre pasado presentó un «recurso de agravio constitucional» para que el Tribunal Constitucional (TC) emita una resolución sobre la inhabilitación de 10 años que le impuso el Congreso en abril de 2021 por su presunta vacunación irregular contra la covid-19, en octubre de 2020.

Vizcarra ha pedido al TC que también se anule la otra inhabilitación durante cinco años que le impuso el Congreso en 2022 por supuestamente haber tenido vínculos con empresas del sector cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Por este caso, el pasado 27 de junio, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso, por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones, en agravio del Estado.

Además, el Congreso oficializó una acusación penal contra Vizcarra por delitos de corrupción, por la presunta contratación irregular durante su mandato de un cantante, con el que supuestamente tenía cercanía, por el Ministerio de Cultura.