En un comunicado, el Gobierno chavista expresó que esa declaración conjunta, suscrita por «un puñado» de «Gobiernos satélites» de Estados Unidos para «atacar al pueblo venezolano», no es más que «un acumulado de infamias, distorsiones y aspiraciones golpistas, cuyo epílogo será, como siempre, un estrepitoso fracaso».

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y sus «países lacayos», según el Ejecutivo venezolano, pretenden «invocar la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano mientras lo agreden» con «medidas coercitivas ilegales y planifican acciones terroristas» para «desconocer su voluntad democrática».

«Ya en Venezuela se pronunció el Consejo Nacional Electoral y su resultado fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia», señaló Caracas, en referencia a un fallo que convalidó la reelección de Maduro, proclamada por el ente comicial con base en unos resultados que, tras casi dos meses de las presidenciales, aún se desconocen de forma desagregada.

Entretanto, la oposición mayoritaria -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- insiste en que su abanderado, Edmundo González Urrutia, fue el ganador de las elecciones del 28 de julio, y para sustentar su reclamo publicó en una página web el «83,5 % de las actas» que dice haber recabado el día de los comicios a través de personas que fueron testigos y miembros de mesa.

Según la declaración conjunta, es «el momento para que los líderes venezolanos comiencen unas discusiones constructivas e inclusivas de cara a una transición con garantías para ambas partes y solucionar así este impasse político y restablecer pacíficamente las instituciones democráticas».

En el documento, refrendado en Nueva York en los márgenes de la semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, también se pide al chavismo el «fin del uso excesivo de la fuerza, de la violencia política y del acoso contra la oposición y la sociedad civil».

«Seguimos muy preocupados por la generalizada y vigente represión, así como por las violaciones de derechos humanos, abusos y agresiones tras las elecciones», según el texto, que menciona «detenciones arbitrarias, muertes, negación de juicios con garantías, tácticas de intimidación» y «represión contra miembros de la oposición».

Las 32 delegaciones que suscribieron el texto son: Argentina, Australia, Austria, Bosnia-Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Chile, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, la Unión Europea, Alemania, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.