Paulino, quien era propietaria de la agencia de servicios múltiples “Agape Financial Services” con sede en Lowell (Massachusetts), huyó de las autoridades después de ser acusada por los delitos financieros.
FUE CAPTURADA EN EL PAÍS CENTROAMERICANO DONDE SE ESCONDÍA DE LAS AUTORIDADES TRATANDO DE EVADIR LA JUSTICIA EN MASSACHUSETTS.
El Departamento de Justicia dijo en un comunicado que Paulino ofrecía servicios de preparación de impuestos y notaría.
Presentó declaraciones de impuestos federales falsas y fraudulentas para el año 2019 utilizando las identidades, nombres y números de Seguro Social robados de víctimas individuales.
Ella ocultó su participación al afirmar que las declaraciones habían sido preparadas por dos ex empleados de Agape. Luego utilizó las declaraciones fraudulentas para obtener préstamos por adelantado de reembolso a nombre de sus víctimas y cobró los cheques del préstamo utilizando documentos de identificación falsos y firmas falsificadas.
Paulino también robó identidades de personas en California, Michigan, Indiana y otros lugares para solicitar a la SBA $2.1 millones en Préstamos de Emergencia por Desastre por Lesiones por COVID-19 (EIDL, por sus siglas en inglés).
Sometió solicitudes entre junio de 2020 y octubre de 2021 en las que enumeraba empresas falsas que parecían sufrir pérdidas de ingresos debido a la pandemia de coronavirus.
Compró Cadillac e invirtió en negocio de joyería
USÓ EL DINERO PARA COMPRAR UN CADILLAC 2020 POR $86,000 Y PARA TRANSFERIR MÁS DE $395,000 A UN NEGOCIO DE JOYERÍA EN REPÚBLICA DOMINICANA, ENTRE OTROS GASTOS.
Paulino fue acusada en una denuncia penal en diciembre de 2019 e imputada por un gran jurado federal en enero de 2021.
Mientras estaba en libertad preventiva, salió de Estados Unidos y permaneció prófuga durante 19 meses antes de que las autoridades panameñas la devolvieran a Estados Unidos.
El 25 de junio, Paulino se declaró culpable de un cargo de conspiración de fraude bancario, un cargo de fraude bancario, dos cargos de fraude electrónico y dos cargos de robo de identidad agravado. Será sentenciada el 9 de octubre 2024.