La celebridad de internet, que cuenta con más de 24 millones de seguidores solo en Instagram, se mudó a Puerto Rico en 2021 para acogerse a los beneficios que otorga la Ley 22 para los llamados “inversionistas residentes”, indica El Nuevo Día.
Con la polémica Ley 22, aquellos que cambian su residencia al estado se ahorran los impuestos federales y Logan junto con su hermano Jake, fueron algunos de los que decidieron mudarse a la isla.
Esta decisión generó muchas críticas contra boxeador y luchador que participa con World Wrestling Entertainment (WWE).
Paul, de 27 años, dijo en una entrevista con Philip DeFranco que: “Me parece hipócrita, Bad Bunny es un puertorriqueño, viviendo en Puerto Rico que privadamente se favorece de los mismos beneficios fiscales que condena públicamente”,
Agregó: “Hay puertorriqueños que también saben sobre esto, y cuando veo este video (el reportaje ‘El Apagón’ de Bianca Graulau) que me tiene a mí pegado en el medio y rodeado de contexto que me hace ver como un buitre en Puerto Rico, aunque amo a Bad Bunny, en lo personal no puedo apoyar la naturaleza hipócrita de su explotación”.
Logan Paul manifestó que pese a no pagar impuestos en su residencia en Puerto Rico, ha colaborado con la remodelación de gimnasios, además de múltiples donaciones.
“Pienso que es fácil señalarme a mí y a mi hermano y ponernos como las figuras principales. Hemos estado aquí un año y medio, hemos remodelado dos gimnasios de boxeo, hemos donado cientos de miles de dólares. Jake apadrinó a Amanda Serrano, una boxeadora puertorriqueña que se estaba ganando 10 mil dólares por combate y ahora gana millones bajo su compañía promotora de boxeo, nosotros nos mudamos aquí para entrenar”, explicó.
El periódico El Nuevo Día indicó que intentó verificar, en el portal del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) si Bad Bunny, en efecto, es beneficiario de la Ley 22, pero el sistema, al momento de publicar esta historia, no estaba funcionando.
Sin embargo, el artista no cualificaría para beneficiarse de la Ley 22, bajo los estatutos actuales, pues reside en la isla y no ha vivido, exclusivamente, fuera de Puerto Rico por 10 años o más.