Según informó este miércoles la agencia de comunicación de la artista, su equipo legal mantuvo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona (noreste) para alcanzar un acuerdo que rebajara la pena que podría corresponderle, pero decidió rechazar la última oferta del ministerio público.

En un comunicado, Shakira asegura que ha optado por "dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón".

Pese a que acusación y defensa no alcanzaron un acuerdo de conformidad, lo que no habría evitado que Shakira se sentara en el banquillo, la cantante aún podría pactar con la Fiscalía hasta el mismo día del juicio.

Su voluntad siempre ha sido seguir adelante en el proceso penal, sin conformarse con una rebaja de la condena que podría corresponderle, destaca el comunicado.

Para la cantante, este caso "constituye un total atropello" a sus derechos, puesto que ha demostrado siempre "una conducta impecable, como persona y contribuyente, y una plena disposición a solventar cualquier diferencia desde el primer momento, incluso antes del proceso penal".

"Aún discrepando" del criterio de su equipo jurídico sobre el supuesto fraude fiscal, la artista devolvió 17,2 millones de euros a la Hacienda española, la suma presuntamente defraudada más los intereses, y "desde hace muchos años no existe ninguna deuda pendiente", recuerda.

Shakira lamenta que "jamás" en ningún otro país se ha topado con una "persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada", "ni un uso tan evidente de la presión mediática y reputacional como mecanismo recaudatorio".

La Hacienda española reclamó unos 14,5 millones de euros al ver indicios de que en 2012 la cantante ya residía en España y estaba obligada desde entonces a tributar en este país, pero supuestamente ocultó ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.

La artista ya pagó esos 14,5 millones de euros y otros tres de intereses, lo que no impide que pueda ir a juicio por supuesto fraude fiscal entre 2012 y 2014.

El caso se remonta a 2017, cuando los denominados "papeles del paraíso", una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelaron que residía en Barcelona junto a su marido, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y sus dos hijos, pero estaba supuestamente domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas.

El mes pasado la artista anunció su separación del jugador, su pareja en los últimos doce años.

La investigación aseguraba además que la cantante gestionaba en dos países con ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo, unos 31,6 millones de euros por derechos de autor de sus canciones.

Los abogados de la cantante aclararon que residía en las islas Bahamas desde 2004 pero los años siguientes tuvo que viajar "sin parar", que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar y que la gestión de esos millones se realizaba desde 2007 a través de una sociedad maltesa que "cumple con todos los requisitos legales".