Cursó hasta el primer año de bachillerato. No pudo continuar sus estudios porque tuvo que emplearse desde muy joven para poder sostenerse a sí misma y luego a sus hijos e hijas. Era empleada de zona franca, contaba con un sueldo mensual de RD$8,000.00. Sin embargo, a pesar de tener un trabajo formal no disponía de seguro de salud. Tampoco contaba con el apoyo económico de su pareja, que estaba desempleado en ese momento.

La mujer tuvo seis partos y un aborto previos. Presentó sangrado transvaginal de tres días de evolución, acompañado de fiebre, dolor en fosa iliaca derecha de dos días de evolución, náuseas y vómitos, que se había tratado con Diclofenac.

Ingresó al hospital el 20 de febrero de 2013 referida desde una clínica, tras un legrado con complicaciones que no podían ser atendidas por falta de unidad de cuidados intensivos. Su fallecimiento ocurrió el 22 de febrero, debido a un shock séptico a consecuencia de un aborto, del que no se tiene información si fue inducido o no.

Miriam es una de las seis mujeres que perecieron en un hospital de tercer nivel del país y cuyos casos fueron estudiados minuciosamente como parte de la investigación “Análisis de género de la mortalidad de la República Dominicana”, realizada por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de Salud Pública, en donde además de estudiar las causas clínicas de las muertes, se realizó un análisis de género que evidenció la condición de pobreza, baja escolaridad, violencia y desprotección social en que vivían las víctimas.

Falta de consejería sexual

Según la doctora Sheila Báez, autora del estudio, en este caso se evidencia que fracasaron todos los procedimientos establecidos en los protocolos de salud materna ya que a juzgar por el corto tiempo entre un parto y otro, la mujer no recibió ningún tipo de consejería ni orientación sobre planificación familiar por parte de los servicios de salud que atendieron sus anteriores embarazos y se evadió el mandato de consideración de género y de derechos en la implementación de la política pública, por parte del conjunto de actores con responsabilidad en el sistema de protección social.

“Aunque la hermana de Miriam no sabía si el aborto fue inducido o no, se podría inferir que sí lo fue, y que por miedo –a pesar del sangrado y el malestar físico–, no buscó asistencia médica durante tres días. Es evidente que sus necesidades sobre anticoncepción estaban insatisfechas, y que tanto el sistema de salud como su pareja y familia transfieren esa responsabilidad casi de manera exclusiva a las mujeres”, resalta el estudio.

Frente al hecho de que la mujer tardara tres días para buscar atención médica la investigadora plantea varias posibilidades: Que no podía faltar a su trabajo por temor a ser amonestada o despedida, o le negaron el permiso; que no deseara hacerse el legrado en el hospital y estuviera esperando reunir el dinero, o que la pareja se lo facilitara, para realizárselo en una clínica privada, ya que el hospital no fue su primera opción, o tal vez pensó que podría abortar de manera clandestina, sin necesidad de realizarse el legrado, y al ver que empezó a tener síntomas de fiebre y dolor, decidió buscar atención médica.

Indica que hay varios determinantes sociales que no pueden ser obviados, como tener una condición de vida precaria, donde la conservación del empleo se convierte en una necesidad imperiosa para mantener a sus hijos, la falta de apoyo de la pareja en el proceso; y el hecho de tener que recurrir al aborto de manera clandestina, debido a la ilegalidad de su práctica en el país, aunque ello constituya una violación de los derechos de las mujeres.

Pobreza eleva posibilidad de muerte

En ese sentido, plantea que el nivel socioeconómico bajo constituye uno de los determinantes sociales que se asocian con la muerte materna, en tanto limita el acceso a educación, a fuentes de ingreso, a una buena alimentación, a aseguramiento en salud y a servicios médicos asistenciales de calidad, entre otros aspectos.

Un dato que refuerza estos hallazgos es que, según el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2013 el 86% de las muertes maternas en la República Dominicana ocurren en maternidades y hospitales públicos, que son los centros donde acude la población de más bajo nivel socioeconómico.

En febrero pasado, la exministra de Salud Altagracia Guzmán Marcelino reveló que el 88% de las muertes auditadas fueron catalogadas como evitables y se concentraron en el Gran Santo Domingo y las regiones Este y Cibao Norte, siendo las maternidades de La Altagracia y Los Mina, así como los hospitales Estrella Ureña de Santiago y Vinicio Calventi de Los Alcarrizos los centros que acumularon la mayor cantidad de casos.

En relación con el nivel educativo alcanzado por las mujeres fallecidas, una de ellas solo había completado hasta el octavo grado; otra hasta el noveno año; tres habían completado la educación secundaria y solo una de ellas era estudiante universitaria, justamente la única de las seis que no había tenido hijos y que era económicamente independiente. “Se ha establecido una asociación negativa entre escolaridad y mortalidad materna. Para las mujeres analfabetas, el riesgo de morir por razones relacionadas al embarazo, parto o puerperio es seis veces mayor con respecto a las que tienen al menos el nivel de educación de media o más; para las que no concluyen la educación básica, el riesgo es cuatro veces mayor respecto a quienes la concluyen, y para quienes la concluyen, el riesgo es tres veces mayor”.

Paternidad irresponsable

En cuatro de los casos estudiados, las mujeres tenían una relación en unión libre, lo cual concuerda con la realidad social dominicana en la que predomina este tipo de unión. En los casos estudiados, solo una de las mujeres fallecidas era casada y en otro se desconoce el tipo de relación que tenía la mujer con el padre de la niña, pues su familia no lo conocía.

En algunos de los casos, los hijos de las mujeres fallecidas tenían diferentes padres y otras no contaban con apoyo regular de sus parejas o exparejas para la manutención de sus hijos ni para su atención o cuidado.

“Esta situación de irresponsabilidad paterna se mantuvo aun después de la muerte de las mujeres. El hecho de que muchos hombres no asuman su rol de paternidad, sobrecarga a las mujeres con las tareas de cuidado y manutención de los hijos e hijas, además de tener que realizar el trabajo remunerado para poder sostener el hogar. El padre que abandona el hogar con niños y niñas, unido a la falta de compromisos de estos con la provisión alimentaria, es un comportamiento recurrente de los hombres en las familias dominicanas, que se reproduce en diferentes esferas de la estructura social”, dice Báez en el estudio.

Asumir la salud como un derecho y no como favor

El análisis de los casos evidencia la falta de empoderamiento de las fallecidas en torno a sus derechos como usuarias de servicios públicos de salud. Salvo algunas excepciones, ellas o sus familiares protestaron ante la falta de calidad de los servicios que recibieron. Por el contrario, la investigadora percibió cierto grado de resignación ante actitudes y prácticas negligentes y violentas. “Lo anterior guarda relación con la carga misógina de la atención en salud, que discrimina y viola los derechos de las mujeres y establece relaciones de poder en el contexto de la atención de salud. Así, la mujer en su rol de “paciente”, asume la atención como un favor y no como un derecho; mientras que el personal de salud, desde su posición de poder y dominio, trata a la mujer no como sujeto de derechos sino de forma subordinada”.