Se trata de las señoras Rosmery Cross Olivo, maestra, y Katerin Castaño Bautista, asistente de maestra, quiénes fueron enviadas a la cárcel Juana Núñez de Salcedo por un espacio de dos meses para ser investigada con relación a este hecho.

Mientras que fueron dejadas en libertad a Carmerys Liriano de Candelier, encargada administrativa; Elena Hernández Muñoz, técnico territorial y Yanina Rojas Moronta, coordinadora de agente educativo.