El tribunal impuso la medida de coerción a la cabo Angelina Berroa Martínez, quien trabajaba para la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) en Santiago y a Richard Jonathan Infante Pérez.

Conforme con la investigación dispuesta por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, Infante Pérez fue la persona que sirvió de intermediario entre Kelvyn Domingo Almonte Cabrera, quien se encuentra prófugo, y  Edward Geremías Maldonado Reynoso, para la renta del vehículo utilizado para la fuga de Báez Abreu del centro de salud.

El tribunal también dictó medidas de coerción consistente en impedimento de salida del país y presentación periódica contra los cabos del Ejército Dawel Manuel Cuevas Urbáez y Mario Marte Álvarez, quienes custodiaban al interno al momento de la fuga.

Tras el inicio de las investigaciones a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, se ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación al artículo 146 de la Constitución y los artículos 123, 124, 125, 126, 177, 178, 237, 240, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del Estado dominicano.

El Ministerio Público explicó que continúa con las investigaciones de lugar, a los fines de determinar la posible participación de otros ciudadanos vinculados con los hechos ilícitos investigados.