El sometimiento en contra de los magistrados Héctor Bienvenido de Jesús Cabral, Ramón Emilio Inoa Peña, Miguelina Vargas Santos y Gregorio Cordero Morales, quienes gozan de jurisdicción privilegiada, fue presentado por ante el procurador general de la República, Jean Rodríguez.
El sometimiento incluye los fiscales de Nagua, Braulio Duarte y Juan Antonio Mateo Cipriàn, así como los notarios Onésimo García Rosario y Pedro Julio Marmolejos Reynoso, entre otros.
La querella presentada por el inversionista extranjero Julián Rodríguez, y su esposa china, Huang Kitty Qua, Julio César Núñez Alvarado y la Compañía Continental de Progreso Turístico, incluye a los señores Marino Rosario Gullón, Basilio Camacho Polanco.
En el sometimiento presentado a través de su abogado, George Andrés López Hilario, a los jueces y fiscales se acusa de prevaricación, falsedad en documento público y privado, uso de documentos falsos, soborno, asociación de malhechores, abuso de autoridad y en el ejercicio de autoridad pública y legal, robo agravado, complicidad entre otras violaciones.
En la instancia se solicita al Consejo del Poder Judicial que investigue los hechos a cargo de los referidos jueces, así como también al Consejo Superior del Ministerio Público, respeto de los fiscales citados.
Los querellantes plantean en sus argumentos legales que los jueces, a pesar de estar suspendida la ordenanza 2018-0245 de fecha 21 de noviembre del 2018, tras ser recurrida en casación por los querellantes, procedieron a juramentar a Basilio Camacho Polanco, como secuestrario judicial.
Sostiene que de acuerdo a esa ordenanza el secuestrario judicial se encargara de la parcela 26, Distrito Catastral 4 de Nagua, no obstante, haberse notificado a dichos jueces que se abstuvieran de juramentar al referido secuestrario, ante la existencia del recurso de casación presentado ante la Suprema Corte de Justicia, que impide la ejecución de la ordenanza recurrida, que se encuentra suspendida en sus efectos.
Aduce la demanda, que Rodríguez, Kitty Qua y la empresa Continental de Progreso Turístico, fueron estafados por la suma de 300 mil dólares, quienes ahora son víctimas conjuntamente con Julio César Núñez Alvarado presuntamente del despojo de la posesión y robo de ganado, de plantaciones agrícolas variadas.
El jurista López Hilario, demandó del Procurador actuar, a fin de preservar la inversión extranjera existente en el país, para evitar que dicha mala práctica en vez de atraer nuevos inversionistas los aleje.
Manifestó que en estos tiempos de apertura comercial el país debe consolidar el Estado Social y Democrático de Derecho, para de esa manera seguir inspirando confianza a la inversión extranjera, y local.
Dijo que el Procurador ha sido coherente a la hora de enfrentar las estructuras de poder organizada, fuera y dentro del poder judicial.
(ListinDiario)