El constitucional revocó y declaró improcedente la sentencia que había emitido la Segunda Cámara Civil el pasado 28 mayo 2018, donde obligaba al ayuntamiento al pago de cinco millones de pesos (RD$ 5, 000,000.00) a favor del empresario Ramón Antigua Brito, como parte de un acuerdo de pago de una deuda del señor Washington Espino.

Antigua Brito, a través de sus abogados, había solicitado que la Sala Capitular de esta ciudad aprobara en el presupuesto del 2019 el referido pago, solicitud que fue negada el Tribunal Constitucional, por ser improcedente.

El referido tribunal dejó claro que la Sala Capitular no tiene potestad para administrar, sino para aprobar presupuestos, normativas y fiscalizar.