El tribunal decidió mantener la prisión preventiva contra el imputado para poder continuar el proceso.

El ex titular denunció que se trata de una trama para “tapar” otros hechos ilícitos, por lo que se define como un “prisionero del sistema judicial”.

Por su parte, la jurista Luz Díaz Rodriguez, representante legal de varias de las querellantes, dijo que han decidido que sus clientes no asistan al proceso para evitar que sean agredidas o amedrentadas.

Justo es acusado de acoso sexual en perjuicio de varias empleadas y usuarias de esa dependencia, por lo que fue destituido el pasado año y fue inhabilitado de por vida para prestar servicios nueva vez dentro del Ministerio Público.