Esa aseveración la hizo constar Gutiérrez durante un interrogatorio el pasado jueves, hecho por los fiscales investigadores del Departamento de Inspectoría de la Procuraduría General de la República.
Uno de los documentos con los que se buscó avalar la enfermedad de “Quirinito” fue un certificado médico, de fecha 3 de abril de 2017, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), indicando que padecía de un cáncer terminal en la boca.
También certificaciones emitidas por la Clinica Unión Médica del Norte, cuyo laboratorio de Patología, Citología e Inmunohistoquímica, certificó que “el paciente padecía de un carcinoma epidermoide bien diferenciado, infiltrante y ulcerado en la lengua”, firmada por el oncólogo César Núñez Rojas.
Igualmente una certificación firmada por el doctor Ángel Garabot Polanco, del Instituto Oncológico del Nordeste, quien igualmente confirmó las condiciones de salud de Castillo Paniagua.
Dichas certificaciones motivó a que la jueza de Ejecución de la Pena de San Francisco de Macorís, Aleyda Jiménez Acosta, quien fue suspendida, emitiera una sentencia disponiendo el cambio de modalidad del régimen de cumplimiento de la pena por prisión domiciliaria a Quirinito.
Por el caso también fueron suspendidos el juez de la ejecución de la Pena de San Cristóbal, Willy de Jesús Núñez, quien aprobó el traslado de Quirinito al Centro Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, y el médico legista Orlando Herrera Robles, quien certificó la supuesta muerte de “Quirinito” el 5 de julio de 2017.
ACCIONES DEL PODER JUDICIAL
Otros suspendidos fueron el procurador general de la Corte de Apelación de San Francisco, Felipe de Jesús Restituyo Santos; el procurador adjunto de esa Corte de Apelación, José Calasanz Morel, y el encargado de la Supervisión del Medio Libre del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Franklin Ortega. Quirinito fue condenado a 30 años de prisión por la muerte del español Gustavo Adolfo Cervantes (Waikiki), quien fue asesinado cuando llegaba a su residencia en el sector Madre Vieja Sur, de San Cristóbal, quien a su vez era investigado por el asesinato del oficial de la DNCD, Guillermo Tejeda Kramwilkel.