Los ocupantes, quienes declararon la ilegalidad de la acción por la falta de un miembro del Ministerio Publico, dijeron tener documentación legal que establece que esos terrenos son del Estado Dominicano y fueron declarados de utilidad pública.
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Los afectados sostuvieron una reunión con la abogada del Estado, la señora Eunice Ledesma en San Francisco de Macorís, donde plantearon su situación.
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