Martínez Emeterio y Vilorio Sarante están acusados como autores principales, mientras que la esposa del primero, Basilia Castillo Espinal, como cómplice.

El juzgado acogió la acusación del Ministerio Público contra los citados tres implicados en “coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, de asuntos incompatibles con el cargo, asociación de malhechores y abuso de confianza”.

Envió el caso al Tribunal Colegiado de esa jurisdicción para que conozca el juicio de fondo.

En abril del 2015, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), presentó la acusación contra Martínez Emeterio y Vilorio Sarante, así como para Basilia Castillo Espinal.

Conforme una nota de prensa enviada por la Procuraduría a Diario Libre en el 2015 “durante el período 2006-2014, gestión del alcalde José Mercedes Martínez Emeterio, al frente la alcaldía municipal de Las Terrenas, como revela una auditoría de la Cámara de Cuentas de la República y el Ministerio Público, se pudo comprobar, entre otras, que se suscitaron irregularidades como la de que en su calidad de síndico del Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas realizó compras irregulares a Ferretería FERRE-MAS, compañía informal propiedad de su esposa Basilia Castillo Espinal, con quien había contraído matrimonio por el régimen de comunidad de bienes en el año 2006”.

Establece que el año 2013 el Ayuntamiento erogó 11 cheques a favor de Basilia Castillo y/o FERRE-MAS, por valor de 1 millón 25 mil 696 pesos con 32/100. Además, realizaba el pago de nóminas sin estar firmadas ni selladas.

Igualmente, el ayuntamiento, por decisión del alcalde, realizó el 73 % de las obras analizadas durante el período 1º de enero al 31 de diciembre del año 2010, sin contrato entre partes, es decir, sin ningún documento legal que permita verificar monto, cumplimiento de cláusulas, requisitos y penalidades por incumplimiento.

“Se pudo establecer también que el alcalde otorgó obras sin que se haya realizado un concurso público o de oposición, en franca violación de la Ley número 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado, comprobándose que era para favorecer a determinadas empresas”, según el PEPCA.

(Diario Libre)