“El contrato no puede ser rescindido directamente por el equipo, porque así está establecido en el pacto laboral, pero Ozuna pasaría a una lista de inelegible y mientras se encuentre ahí, el equipo no le tiene que pagar”, dijo el agente Félix Luzón a Diario Libre.

Luzón, un agente venezolano certificado por el sindicato de peloteros de Grandes Ligas y radicado en Atlanta, explica que, si el jugador es condenado por una corte, pasaría a la lista de inelegible por hasta dos años y luego se revisaría el proceso a seguir con el comisionado.

La regla MLR 2 (c) en el apartado E establece que: “Un jugador en la lista de inelegible no será liberado incondicionalmente y no recibirá paga mientras se encuentra en dicha lista ni aun saliendo de esta lista y antes que pasen 30 días de su restitución y que sea elegible para participar en juegos de campeonato.

Ozuna firmó un contrato por cuatro años y US$65 millones previo a la temporada del 2021. Por el incidente del fin de semana, en el que fue detenido por policías que llegaron a su hogar y enfrenta una sentencia de entre tres y 20 años de cárcel.

Más allá del proceso legal que pesa en su contra, el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred puede imponer una sanción prolongada. La sanción más drástica impuesta por la violación de la política contra la violencia doméstica fue la de Sam Dyson, en marzo del 2021, suspendido por 162 partidos.

Rescindir el contrato, sin embargo, no sería tan sencillo para los Bravos.

“El equipo podría buscar una forma de salirse de contrato, por ejemplo, usando la cláusula de buena conducta, pero en el pasado los equipos no han podido usarla para disolver contratos”, dijo el abogado Arturo Marcano.

El caso es complicado e interesante, explica Marcano, porque no hay registros de jugadores con contratos multianuales que han sido apresados, y el mismo establecería un precedente que sería combatido por el sindicato de peloteros.