El anuncio lo hizo esta semana el presidente de la Asamblea Nacional, el bretón Richard Ferrand, quien en un comunicado indicó que la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, ha respondido favorablemente a una petición conjunta realizada con todos los parlamentarios de su región (noroeste de Francia).

Justicia prepara un decreto que próximamente someterá al Consejo de Estado para obtener su visto bueno y que autorizará los nombres y apellidos con la letra “ñ”, pero también con otros caracteres acompañados de signos diacríticos que existen en las lenguas regionales.

Ferrand se felicitó por esta victoria, y destacó que la decisión del Gobierno es un “reconocimiento republicano” de la riqueza que “la diversidad de sus territorios” supone para Francia.

Este desenlace en favor de la “ñ” es el resultado de una larga acción política en defensa de la identidad lingüística bretona, que ha sido aún más prolongada en los tribunales.

El episodio más mediático fue el de los padres de un niño nacido el 11 de mayo de 2017 que viven en la localidad de Rosporden, cerca de la ciudad de Quimper, y que se empeñaron en registrarlo con el nombre de un abuelo, Fañch, Francisco en bretón.

En un principio “todo fue bien”, cuenta a Efe el padre, Jean-Christophe Bernard, que indica que un mes después de nacer el niño incluso tenía su carné de identidad, el no va más de un reconocimiento oficial, con el nombre Fañch.

Sin embargo, las cosas se torcieron rápidamente con la Justicia y a los Bernard les exigieron cambiar el nombre a su bebé. El Tribunal de Instancia de Quimper rechazó esa grafía en septiembre de 2017 con el argumento de que no forma parte del alfabeto francés.

Además, los jueces consideraban que autorizarla rompía “la voluntad de nuestro Estado de Derecho de mantener la unidad del país y la igualdad sin distinción de origen”.

En noviembre de 2018, el Tribunal de Apelación de Rennes enmendó el primer dictamen y aceptó las razones de la familia, que argumentó que la “ñ” aparecía en varios diccionarios de la lengua francesa y que había precedentes con personalidades francesas de origen extranjero que habían podido conservar su nombre original con esa letra.

La Fiscalía recurrió ante el Supremo, que el pasado mes de octubre por razones formales consideró válida la sentencia de los jueces de Rennes, sin entrar en el fondo del asunto.

Sin embargo, el Ministerio Público no se ha dado por vencido. Considera que mientras no haya un cambio legislativo, sigue en pie una circular de 2014 que prohíbe la utilización por el Registro Civil de ciertos signos diacríticos, como el de la ñ, siguiendo los consejos de la Academia Francesa.

En la práctica, eso ya se tradujo en la prohibición por el Registro Civil de Morlaix de la inscripción de un nuevo Fañch, nacido el 18 de noviembre pasado.

Estas batallas judiciales impulsaron la reacción política de uno de los políticos bretones más combativos en defensa de su identidad regional, Paul Molac.

Este diputado presentó una proposición de ley para proteger y promover las lenguas regionales de Francia, que debe ser sometida al voto de la Asamblea Nacional el próximo jueves 13.

Molac, con una larga trayectoria como militante de la cultura y del patrimonio bretón, fue elegido en 2012 en las filas del Partido Socialista y en 2017 se presentó apoyado por la formación del presidente francés, Emmanuel Macron, aunque luego se ha pasado a un nuevo grupo de regionalistas, Libertades y Territorios.

Su propuesta pretende modificar la circular de 2014 y poner fin a la “psicosis actual” que hay en Francia sobre esa cuestión, señala a Efe Molac, que se queja de que el inglés está “mejor tratado” que las lenguas regionales.

El diputado reconoce que la noticia del decreto del Ministerio de Justicia “va en la buena dirección” pero desconfía porque podría tardar mucho en materializarse, e incluso quedarse atascado por el camino.

Para Molac, no es coincidencia que el Gobierno haya modificado su posición sobre el asunto justo cuando llega a la Asamblea su proposición, que califica de más ambiciosa.